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El cáncer de laringe, nueva enfermedad profesional

El cáncer de laringe, nueva enfermedad profesional
19 ene

El cáncer de laringe, nueva enfermedad profesional

El pasado 19 de diciembre del 2015 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la entrada en vigor del Real Decreto 1150/2015, de 18 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, a efectos de ampliar el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social e incluir en él el cáncer de laringe ocasionado por amianto. Esta regulación da respuesta a una demanda social de los últimos años que ha sido avalada, además, por las investigaciones científicas que evidencian la relación directa existente entre el origen, la evolución del cáncer de laringe y los trabajos con amianto.

La actualización del cuadro de enfermedades profesionales se contempla en nuestro ordenamiento jurídico a través del artículo 2 del Real Decreto 1299/2006 (plasmando así algunas de las orientaciones de la Recomendación 2003/670/CE) y en el anexo 2 del Real Decreto se recoge la lista complementaria de enfermedades cuyo origen profesional se sospecha y cuya inclusión en el anexo 1 podría llegarse a contemplar en el futuro.

Pues bien, dentro de ese anexo 2 se venía recogiendo el cáncer de laringe producido por la inhalación del polvo de amianto que, con la entrada en vigor del Real Decreto 1150/2015, se incorpora al anexo 1 del cuadro de enfermedades profesionales, grupo 6, dentro de las enfermedades profesionales causadas por agentes carcinógenos (concretamente por el amianto) como nuevo subagente. La regulación incluye asimismo las principales actividades asociadas a éste subagente.

Ésta inclusión del cáncer de laringe en el anexo 1 del cuadro de enfermedades profesionales, determina la presunción iuris et de iure de la misma como derivada de enfermedad profesional, por lo que no cabe cuestionarse la relación causal entre la práctica de actividades relacionadas con amianto y la enfermedad –el cáncer de laringe–, liberándose de esta manera al trabajador de la carga de probar la misma (lo que sí ocurre, por el contrario, con las llamadas «enfermedades del trabajo»).

Asimismo, la inclusión repercute dentro del marco de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social y, más concretamente, en las obligaciones que le han sido encomendadas a las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social en cuanto a entidades protectoras de las contingencias profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales) lo que engloba aspectos como: reconocimiento de prestaciones de incapacidad temporal (sin periodo de cotización previo), determinación de las bases reguladoras aplicables, automaticidad de las prestaciones (aunque el empresario no haya cumplido con sus obligaciones de alta y cotización), valoración de secuelas derivadas de la enfermedad profesional (Lesiones Permanentes No Incapacitantes o alguno de los grados de Incapacidad Permanente legalmente establecidos), indemnizaciones por muerte y supervivencia (en caso de fallecimiento por la enfermedad profesional), prestación de asistencia sanitaria (tratamientos preventivos, reconocimientos periódicos, etc.), así como el traslado del trabajador a un puesto exento de riesgo.

Veremos en los próximos años qué y cómo repercute la modificación llevada a cabo por el legislador, así como si el Ministerio de Empleo y Seguridad Social aprueba nuevas ampliaciones, siempre con los informes técnicos precisos para ello.

LOURDES

Lourdes de Lamo Valverde
Àrea Asessoria Jurídica Activa Mutua
Dirección de Prestaciones

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